GASTO PUBLICO

El gasto público que hace el Gobierno Nacional se ejecuta a través de dos tipos de entidades: por una parte, están las empresas industriales, comerciales y sociales del Estado caso Ecopetrol, Telecom, el ISS, etc cuya asignación se determina a través de un decreto del Ministerio de Hacienda; y por otra parte, están los ministerios, departamentos administrativos, y demás entidades del gobierno central caso Ministerio de Transporte, Ministerio de Protección Social, INVIAS, DANE, ICBF y SENA, etc para las cuales el gasto se define en el Presupuesto General de la Nación que el ejecutivo tramita anualmente para aprobación del Congreso de la República.

Sobre este último proceso y las instituciones presupuestales existe abundante literatura, y para el caso colombiano, casi todos los trabajos concluyen con recomendaciones reiterativas. Por ejemplo existen consideraciones teóricas para que el proceso de asignación del gasto esté en cabeza de una sola entidad, y no de dos, como sucede en Colombia: la elaboración del componente de inversión del presupuesto del gobierno central es función de Planeación Nacional, mientras que el de funcionamiento esta a cargo del Ministerio de Hacienda.

Esta separación cuya problemática radica más en la disociación del proceso en sí mismo que en el de las instancias responsables tiene efectos directos sobre la sostenibilidad fiscal y la calidad del gasto. Citemos solamente uno: se asigna gasto operativo a las entidades independientemente de si ejecutan o no programas prioritarios o inversiones relevantes y, por el contrario, para la inversión asignada en programas prioritarios no se garantiza sostenibilidad, pues no se tiene en cuenta el componente operativo que soporte su ejecución normal.

Dentro de nuestro marco legal vigente, sin embargo, estas no son las únicas deficiencias del proceso presupuestal, como tampoco el impacto de estas deficiencias es únicamente de tipo fiscal. Es conveniente y oportuno rescatar que el presupuesto tiene un impacto final sobre el bienestar y que éste debería ser objeto especial de atención en la preparación de la reforma presupuestal. La sostenibilidad fiscal que debe buscar aquella reforma, no sólo se logrará con medidas que tiendan a la flexibilización del presupuesto y a la disciplina fiscal, sino también con elementos que modernicen y hagan más transparentes tanto las instituciones como los procedimientos vigentes para la asignación del gasto.


TRABAJO ESCRITO

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