GASTO PUBLICO
El gasto público que hace el Gobierno
Nacional se ejecuta a través de dos tipos de entidades: por una parte, están
las empresas industriales, comerciales y sociales del Estado caso Ecopetrol,
Telecom, el ISS, etc cuya asignación se determina a través de un decreto del
Ministerio de Hacienda; y por otra parte, están los ministerios, departamentos
administrativos, y demás entidades del gobierno central caso Ministerio de
Transporte, Ministerio de Protección Social, INVIAS, DANE, ICBF y SENA, etc para
las cuales el gasto se define en el Presupuesto General de la Nación que el
ejecutivo tramita anualmente para aprobación del Congreso de la República.
Sobre este último proceso y las instituciones
presupuestales existe abundante literatura, y para el caso colombiano, casi
todos los trabajos concluyen con recomendaciones reiterativas. Por ejemplo
existen consideraciones teóricas para que el proceso de asignación del gasto
esté en cabeza de una sola entidad, y no de dos, como sucede en Colombia: la
elaboración del componente de inversión del presupuesto del gobierno central es
función de Planeación Nacional, mientras que el de funcionamiento esta a cargo del
Ministerio de Hacienda.
Esta separación cuya problemática radica más en la
disociación del proceso en sí mismo que en el de las instancias responsables
tiene efectos directos sobre la sostenibilidad fiscal y la calidad del gasto.
Citemos solamente uno: se asigna gasto operativo a las entidades
independientemente de si ejecutan o no programas prioritarios o inversiones
relevantes y, por el contrario, para la inversión asignada en programas
prioritarios no se garantiza sostenibilidad, pues no se tiene en cuenta el
componente operativo que soporte su ejecución normal.
Dentro de nuestro marco legal vigente, sin embargo, estas
no son las únicas deficiencias del proceso presupuestal, como tampoco el
impacto de estas deficiencias es únicamente de tipo fiscal. Es conveniente y
oportuno rescatar que el presupuesto tiene un impacto final sobre el bienestar
y que éste debería ser objeto especial de atención en la preparación de la
reforma presupuestal. La sostenibilidad fiscal que debe buscar aquella reforma,
no sólo se logrará con medidas que tiendan a la flexibilización del presupuesto
y a la disciplina fiscal, sino también con elementos que modernicen y hagan más
transparentes tanto las instituciones como los procedimientos vigentes para la
asignación del gasto.
TRABAJO ESCRITO
TRABAJO ESCRITO
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